CATARSIS Y HARAKIRI: Artículo: Antítesis de la justicia

Antítesis de la Justicia

Más de una polémica se ha desatado tras la decisión de la CIDH de llevar el caso de los Comandos de Chavin de Huantar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Múltiples argumentos se han presentado en defensa de los comandos Chavin de Huantar y disonantes opiniones también se han emitido en apoyo a la investigación de las supuestas ejecuciones extrajudiciales perpetuadas por los llamados "gallinazos". Es imprescindible investigar el tema con total transparencia, analizando las diferentes hipótesis de índole jurídico, ético y político. Para empezar debemos responder, ¿Qué es la CIDH y qué es la Corte IDH?

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. Tiene su sede en Washington, D.C. El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General. La CIDH se reúne en Períodos Ordinarios y Extraordinarios de sesiones varias veces por año. Su Secretaría Ejecutiva cumple las instrucciones de la CIDH y sirve de apoyo para la preparación legal y administrativa de sus tareas." [1]

Distinguir entre la CIDH y la Corte IDH es ineludible para evitar confusión en el análisis del desarrollo secuencial de los hechos. La Corte Suprema, máximo tribunal del país, después de una larga disputa dirimió que el proceso a los comandos Chavin de Huantar, acusados por ejecuciones extrajudiciales, se debería resolver en el tribunal militar. Esto significa que mientras esto sucede ni la CIDH ni la Corte IDH pueden intervenir en los casos que todavía el estado peruano esta resolviendo, de darse esta situación ambas entidades estarían interfiriendo con la soberanía y jurisdicción de un país democrático. No obstante esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿Será la primera vez que lo hacen?

Como es de conocimiento público, la entidad supranacional de la CIDH tiene facultades para recomendar ciertas políticas y juicios que ayuden al mantenimiento y desarrollo de los derechos humanos en la región americana pero finalmente el estado es autónomo de estudiar los puntos y evaluar cuales aceptan y cuales rechazan de acuerdo a su realidad sociocultural y política. Sin embargo esto no es el caso con el Perú, por eso es indispensable rememorar ciertos sucesos vitales para entender como el Perú termino sometiéndose sin reservas ante la Corte IDH y como a su vez empezó la política de allanamiento en todos los casos de DDHH. A continuación veamos los detalles de algunas acciones sospechosas del actual Presidente de la Corte IDH y ex-ministro de justicia del gobierno de Toledo, García Sayan, la cual el analista político Víctor Robles expuso hace un tiempo atrás.

El jefe de su gabinete de asesores, Javier Ciurlizza, tuvo conversaciones secretas con Abimael Guzmán y otros cabecillas, a espaldas del presidente Paniagua, y permitió que la cúpula de Sendero Luminoso se reuniera con Abimael Guzmán de manera oculta en el penal de la Base Naval del Callao. Encargó la Comisión de Indultos del sector de Justicia a miembros de ONGs que estaban defendiendo casos de terroristas. Promovió e inició la aplicación de la doctrina penal de mano blanda con los terroristas y puño de hierro con los militares. Por último, instauró la política de “flexibilización” penitenciaria, que continuó después del gobierno de Toledo, con las siguientes consecuencias:

Desapareció el régimen de rigor para los terroristas avezados, y el preferente para los arrepentidos, mezclándolos abusivamente.
Abimael Guzmán tuvo acceso a teléfono, diarios y revistas; libre intercambio de correspondencia, contacto personal con sus visitantes, etc.
Cerraron los penales Challapalca y Yanamayo porque la Comisión Interamericana opinó que es “inhumano” que los terroristas estén allí.
Se indultó a terroristas cuyas peticiones de indulto a la Comisión Lanssier habían sido rechazadas por recomendación de la Dincote. [2]

Esto parece inverosímil pero es la verdad. Actualmente de los 4000 terroristas presos que el Perú tuvo bajo control en el año 2000 tenemos a menos de 250 terroristas en la cárcel. En contraste tenemos a más de 1000 militares presos por supuestas violaciones de DDHH. Esto significa que tenemos alrededor de cuatro veces más militares presos que terroristas. Lamentablemente tenemos personas que insisten en enjuiciar a los Comandos Chavin de Huantar en un fuero civil simplemente porque piensan que nuestro tribunal militar es sinónimo de impunidad. Es por esta razón que si uno es terrorista confeso tiene más oportunidades de salir de la cárcel inclusive con una remuneración financiera, la cual proviene de los impuestos de todos los peruanos, que los propios soldados que combatieron al terrorismo. Irónicamente todos los militares acusados de violaciones de DDHH tienen que pagar de sus propios bolsillos a los abogados que ejerzan su defensa. Sí, leyeron bien, el estado no les contrata abogado alguno.

Quizás para extender un poco más el panorama de la realidad legal debemos ver un ejemplo cotidiano expuesto por Rafael Rey en relación a los DDHH.

"María Elena Loayza Tamayo (MELT) fue procesada por terrorismo. El fuero militar se inhibió de juzgarla porque, no siendo ella militar sino civil, era competencia del fuero común. La Corte Suprema la condenó a 20 años por terrorista. Activistas de DD.HH. llevaron el caso a la Corte IDH. Tanto la Comisión como la Corte consideraron nulo el fallo de la Corte Suprema argumentando que "si bien el proceso penal seguido contra MELT en el fuero militar es nulo, la 'absolución' (NR: ojo que no fue tal) que le brindó ese fuero sí es válida, y por tanto no debió ser juzgada 'nuevamente' en el fuero común pues ello vulneró el principio de non bis in idem (prohibición de doble juzgamiento)". Para el caso de los comandos, en cambio, la misma Comisión sí pide nuevo juicio en el fuero común." [4]

Este no es el único caso sorprendente, a continuación veamos dos casos aun más indignantes. El primero es el caso de Pedro Huilca Tecse, dirigente del CGTP y víctima de la barbarie de Sendero Luminoso. El vocero senderista El Diario reivindico el asesinato de Pedro Huilca al colocar en su portada "Duro Golpe a la Reacción: Huilca!" en el interior de la revista el título de la página dicta lo siguiente, "iContundente Golpe al Revisionismo y a la Reacción!" y en su séptimo párrafo dice lo siguiente,

[5]

A pesar que la Dirección Nacional del Terrorismo de la Policía Nacional (DINCOTE) dio evidentemente como responsable a los miembros de Sendero Luminoso de la muerte de Pedro Huilca Tecse, la Corte IDH se negó aceptar tal disposición y exigió que el Perú page $270,000 a los familiares de Huilca Tecse alegando que fue el Grupo Colina quien lo asesino en la puerta de su casa. En otras palabras, ¿Para que sirven las pruebas de nuestro sistema judicial y del interior si al final la Corte IDH va negarlo todo para favorecer a los terroristas? Ahora como si esto fuera poco, veamos a continuación todo lo que la Corte IDH exigió al Perú.

Erigir un busto en memoria del señor Pedro Huilca Tecse

Brindar atención y tratamiento psicológico a los familiares de la víctima
Terminar investigaciones en trámite
$270,000 (CANCELADO)

Ahora veamos el caso del terrorista chileno del MRTA, Jaime Francisco Sebastian Castillo Petruzzi, quien estuvo encargado de secuestrar y extorsionar a diferentes empresarios peruanos para subvencionar y abastecer económicamente el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (cuyas raíces nacen en el APRA rebelde). Petruzzi se hizo famoso tras secuestrar al minero David Ballon Vera y tras confesar ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación que él le dio el tiro de gracia después de haber estado en cautiverio y en condiciones infrahumanas por cinco meses en 1993.

David Ballon Vera pesaba 80 kilos cuando fue secuestrado.

Así se encontró el cadaver de David Ballon Vera en febrero de 1993. Estuvo sometido a torturas y privación de alimentos (el cadaver tenía 40 kilos) , murió asesinado por dos balazos en la cabeza.

A pesar de las confesiones del mismo MRTista Castillo Petruzzi y de las contundentes pruebas en su contra, la Corte IDH decidió demandar al estado peruano para que reponga $10,000 (más intereses) a Castillo Petruzzi y a los cuatro otros miembros del MRTA cuyas garantías judiciales y libertades personales fueron violadas.

Sin embargo, esto solo son dos ejemplos de los miles que existen para probar la parcialización ideológica de la Corte IDH de favorecer a los terroristas a como de lugar. Con esto dicho veamos el resonado caso de los Comandos Chavin de Huantar a través del análisis de Víctor Robles:

"La CIDH ha desconocido la autonomía de nuestro Poder Judicial en el caso Chavin de Huantar, y en vez de defender su fuero, San Martín desempolva la treta de los “gallinazos” para distraer la atención, y quiere hacernos creer que así los comandos ya no serán juzgados. Es mentira, en la denuncia original contra los comandos no existen los “gallinazos”. Estos fueron inventados al no poder perseguir directamente a los comandos por el rechazó de la sociedad. Con los “gallinazos”, en cambio, pueden perseguirlos de manera encubierta. La prensa debe escrutar a fondo el caso.

Por ejemplo, Roberto Huaman, supuesto “gallinazo”, ingresó a la residencia sin armas, solo con una filmadora. Y todos los terroristas murieron por armas Micro Uzi y HK, que tenían solo los comandos.

También es mentira que Huaman “se infiltró” en la operación, pues participó en los 124 ensayos previos al rescate, filmando los ejercicios.

La versión del “mariateguista” confeso Hidetaka Ogura (que se negó a darle la mano a los comandos tras el rescate) ha sido negada por los diez rehenes japoneses y siete peruanos que estuvieron a su lado. La de Máximo Rivera es ridícula pues dice que “escuchó ejecuciones” estando en el otro extremo de la mansión. Y los dos policías que dicen haber visto vivo a un terrorista se contradicen entre ellos; todo indica que estos son testigos “fabricados”. Una justicia imparcial jamás abriría un juicio con tan endeble acusación fiscal, pero la nuestra lo hizo presionada por las ONG que inclusive impusieron a su propio médico forense para “probar” el “delito”. (¿Y la autonomía, otra vez, doctor San Martín?)

Si se condena a los falsos “gallinazos”, los terroristas serán las victimas, el rescate quedará manchado y Aprodeh (defensora del MRTA) exigirá que se juzgue a los héroes alegando, con razón, que los “asesinos” no pudieron entrar a la residencia, matar y luego marcharse sin conocimiento de los comandos. Esta es la trampa." [8]

También tiene razón Robles al mencionar la doble moral de Cesar San Martín, que evoca autonomía del Poder Judicial y exclama que "Nadie le puede imponer la agenda" pero hipócritamente queda mudo ante la imposición de la agenda judicial por parte de la Corte IDH. A esto se le suma el hecho que a "Lori Berenson, Gilvonio y Mellado les dieron permiso –ilegalmente – para que se vayan a recibir las fiestas de fin de año en el extranjero. A Alberto Fujimori le negaron un permiso más sencillo para recibir el advenimiento de la Navidad junto con sus hijos y sus nietos, en la prisión." [9]

No solamente es peligroso la actitud sesgada de ciertas autoridades, sino la evidente postura ideológica de una CIDH que debe ser neutral e imparcial. Esto se hizo evidente al calificar como grupo subversivo al MRTA ignorando el hecho que la OEA, la Unión Europea y la ONU han declarado que el MRTA es un grupo terrorista. No solamente esto muestra parcialización de la Corte IDH sino sus frutos concretos en conjunción con la organizaciones defensoras de terroristas, que no hace mucho han exigido al rededor de $15,000,000 en remuneraciones al estado peruano por los derechos violados de los terroristas.

Creo que la pregunta emerge y resuena en nuestra consciencia, ¿Cómo se ha podido llegar a una situación tan vergonzosa? La respuesta es más simple y sorprendente de lo que parece. Todo empezó con el inicio del gobierno de Alejandro Toledo que se dio como resultado de la liberación de un gobierno autoritario que según Toledo fue uno de los más grandes violadores de DDHH de nuestra historia republicana. Al parecer el deseo de libertad sutilmente se transformo en odio hacia el opresor y la polarización de Alberto Fujimori se convirtió en algo endémico y hasta pandémico. La denuncia de los delitos y errores del gobierno de Fujimori se convirtieron rápidamente en condenación y sentencia de su persona y entorno. Esto creo el ambiente propicio para actuar de manera impulsiva y repentina contra todo lo relacionado con Fujimori, no se hizo distinción entre sus aciertos y sus errores, no se escudriño lo bueno y se desecho lo malo, sino que simplemente se polarizo la imagen de Alberto Fujimori y se declaró que su gobierno aplico una sistemática violación de derechos humanos.

Es evidente que se cometieron errores y delitos durante el gobierno de Fujimori, pero esta última acusación de una sistemática violación de derechos humanos me parece tendenciosa y sagaz. Cuando alguien me habla de violaciones de DDHH de manera sistemática no puedo evitar pensar en la Serbia de Milosevic o la República Dominicana de Trujillo o la Cambodia de Saloth Sar, más conocido como Pol Pot. Tampoco puedo evitar imaginar las características de esta política de sistemáticas violaciones de DDHH, me imagino a un gobierno despiadado que ejecuto una guerra interna con la mayor cantidad de masacres, desapariciones forzadas, torturas y muertes indiscriminadas. Sin embargo, los estudios realizados durante el gobierno de Toledo a través de la Comisión de la Verdad y Reconciliación muestran que durante los dos gobiernos de Fujimori todas estas características fueron todo lo contrario.

Como se puede visualizar, en los cuadros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el gobierno de Fujimori fue quien mejor preservo los DDHH durante la guerra interna. Creo que para entender el calificativo de sistemática violación de DDHH vale la explicación del General Helí Vallejo Zapata quien dice:

"No se percataron que el Perú es el único país del mundo en el que para combatir al terrorismo, se emite una legislación de protección a los derechos humanos, seguida de la normatividad más abundante y detallada, destinada a todos los escalones de las Fuerzas del Orden y otros entes involucrados en la lucha contra el terror; por lo que la expresión "sistemática violación de los derechos humanos", deviene en inconsistente" [3]

Aparentemente este calificativo de sistemática violación de DDHH no solo es un problema de semántica sino de sintáctica. Finalmente como un acto de humillación nacional el 25 de noviembre del 2006, se obligó al Perú a realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con las violaciones declaradas en estas sentencias en desagravio a las víctimas y para satisfacción de sus familiares, en una ceremonia pública, con la presencia de altas autoridades del Estado y de las víctimas y sus familiares, y a difundir dicho acto a través de los medios de comunicación.

Enlaces y Bibliografia

[1] http://www.cidh.org/que.htm

[2] http://victorrobles.wordpress.com/2011/12/30/la-corte-idh-es-solo-un-escalon/

[3] Revista: Vivir Bien Magazine, Año XV N°157, Lima, Noviembre 2011

[4] http://diariocorreo.pe/columna/60939/caviares-cidh-y-comandos/

[5] El Diario, N°625, edición correspondiente a diciembre 1992- enero 1993

[6] Fuente Reservada - Pedidos de la Corte IDH al estado Peruano

[7] Fuente Reservada - Pedidos de la Corte IDH al estado Peruano

[8] http://victorrobles.wordpress.com/2012/01/03/la-trampa-sucia-de-los-gallinazos/

[9] http://victorrobles.wordpress.com/2011/12/26/la-miseria-humana-en-su-maxima-expresion/#more-1383

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