Autor: Luis Garcia Miro Elguera
Fuente: Diario Expreso
Ni sendero luminoso ni el mrta se han extinguido. Tampoco se han disuelto y/o desarmado sus cuadros genocidas. Por ahora ambas sectas terroristas tan sólo hibernan entre las cárceles y esas escarpadas laderas donde se cultiva, se procesa y se convierte en clorhidrato la hoja de coca. Si hay algo que los peruanos –sobre todo las autoridades del Estado que están a cargo de cuidar la seguridad ciudadana– necesitan entender, es que sendero y el mrta van a volver a atacar. (Continúa...)
En estos momentos, aliados bajo su nefasta alianza con el narcotráfico –de donde obtienen los fondos para financiar su reagrupación–; aunque más adelante su meta es volver a asolar el territorio a punta de dinamita y metralleta, para conquistar el poder por la fuerza. Al terrorismo no se le debe conceder un milímetro de ventaja, tal como pretende la progresía bajo el pretexto de lograr la reconciliación nacional. El precio que deben pagar sendero y el mrta a la sociedad no tiene límite, por más que un juez haya dispuesto que equis años de carcelería y zeta cantidad de soles representen el costo de su mortífero atentado contra la sociedad. Falso. Ese valor es cero frente a las consecuencias tan espantosas de sus ataques sanguinarios. Por cierto, en este país –cortesía también de la progresía– los terroristas no necesitan pagar las indemnizaciones que les ha impuesto la Justicia. Basta que aleguen que son pobres para que la penalidad pecuniaria quede en nada.
En estos momentos, aliados bajo su nefasta alianza con el narcotráfico –de donde obtienen los fondos para financiar su reagrupación–; aunque más adelante su meta es volver a asolar el territorio a punta de dinamita y metralleta, para conquistar el poder por la fuerza. Al terrorismo no se le debe conceder un milímetro de ventaja, tal como pretende la progresía bajo el pretexto de lograr la reconciliación nacional. El precio que deben pagar sendero y el mrta a la sociedad no tiene límite, por más que un juez haya dispuesto que equis años de carcelería y zeta cantidad de soles representen el costo de su mortífero atentado contra la sociedad. Falso. Ese valor es cero frente a las consecuencias tan espantosas de sus ataques sanguinarios. Por cierto, en este país –cortesía también de la progresía– los terroristas no necesitan pagar las indemnizaciones que les ha impuesto la Justicia. Basta que aleguen que son pobres para que la penalidad pecuniaria quede en nada.
Resulta pues peligrosísimo ese espíritu de relajamiento que propician los progre para favorecer a los terroristas con el beneficio de la duda. Sobre todo, abusando de esa fragilidad de memoria que padece la opinión pública –en especial la juventud que no vivió aquel cuarto de siglo de muerte, sangre y espanto–, promover la libertad de esta lacra bajo la excusa de un supuesto “espíritu de humanidad” hacia esta partida de criminales que jamás sintieron compasión por sus víctimas.
Si de verdad queremos que éste sea un país decente, no podemos permitir que los genocidas se acojan a beneficios penitenciarios; facilidades únicamente concebidas para los hombres de bien y jamás ideadas para magnicidas, fanáticos y crueles como los integrantes de sendero y el mrta. La ciudadanía demanda garantía para su vida, salud y hacienda. Y con miserables como los terroristas puestos en libertad –o encarcelados en penales desde donde lograran escapar o incluso tengan la facilidad de comunicarse con el exterior, como pudiera suceder con esos cuatro hijos de su madre que acaban de trasladar al penal de Piedras Gordas dizque para hacerle espacio a Antauro Humala en la Base Naval–, el Estado jamás le brindará seguridad a la población. La penitenciaría que se les ha impuesto a los senderistas y emerretistas debe ser escrupulosamente respetada por jueces y autoridades del gobierno. No cabe, repetimos, otorgarles beneficios de reducción de pena bajo concepto alguno. Su crimen fue demasiado grande como para facilitarles la vida. Que paguen sus asesinatos hasta el último día de carcelería –como lo dispuso la Justicia– y abonen la totalidad de la reparación civil como ordenaron sus juzgadores. Sólo si cumplimos esta meta elemental podremos apelar a que se nos considere una nación digna, consecuente y defensora de la legalidad.