Plataformas de ONG condenaron hoy el acuerdo político refrendado por los países de la Unión Europea (UE) para firmar el tratado de libre comercio negociado con Colombia y Perú, al considerar que el pacto no da suficientes garantías de que se vayan a respetar las leyes laborales y medioambientales.
Fuente: RPP
Las redes europeas Oidhaco, Grupo Sur y Alop lamentaron en un comunicado el acuerdo formalizado por los ministros de Comercio de la UE, según el cual se dará vía libre a la entrada en vigor del TLC si el Parlamento Europeo también se pronuncia a favor en una votación, que se espera tenga lugar en septiembre. (Continúa...)
"Con esta decisión, el Consejo de la UE parece desconocer la fuerte polémica que gira en torno a este acuerdo. La UE no nos aportó respuestas convincentes a las preocupaciones levantadas por las organizaciones europeas y latinoamericanas", declaró el portavoz de Oidhaco, Vincent Vallies.
Desde su punto de vista, "no existen mecanismos para asegurarnos que el acuerdo no fomentará más contaminación y más conflictos sociales".
También destacó que "no tenemos ninguna seguridad de que la UE haga uso de la cláusula de derechos humanos" que incluye el tratado, y que prevé su cancelación si se detectan infracciones de las libertades fundamentales.
"Éstas y otras muchas dudas justifican ampliar el debate democrático a través de los parlamentos nacionales de los Veintisiete antes de cualquier aplicación" del tratado, indicó Vallies.
Por su parte, la portavoz de la red de ONG europeas Grupo Sur Lourdes Castro consideró "inaceptable" que el Consejo de la UE haya aceptado que el TLC se aplique si el Parlamento Europeo lo aprueba, al considerar que "se ejerce una presión indebida sobre los parlamentos nacionales para que voten en favor del acuerdo".
Según estipulan las normas comunitarias, el TLC entrará en vigor de manera provisional si lo aprueba la Eurocámara, aunque para que puedan aplicarse ciertas disposiciones legales será necesario que lo respalden también los 27 parlamentos nacionales de los Estados miembros.
Castro recordó asimismo las preocupaciones sobre derechos humanos en Colombia y Perú expresadas por la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, que esta semana se mostró a favor de implementar en esos países una hoja de ruta específica para garantizar la salvaguarda de los derechos y leyes laborales y medioambientales.
"Con esta decisión, el Consejo de la UE pone nuevamente en evidencia que prefiere anteponer los negocios a los derechos humanos", concluyeron las asociaciones.
EFE
"Con esta decisión, el Consejo de la UE parece desconocer la fuerte polémica que gira en torno a este acuerdo. La UE no nos aportó respuestas convincentes a las preocupaciones levantadas por las organizaciones europeas y latinoamericanas", declaró el portavoz de Oidhaco, Vincent Vallies.
Desde su punto de vista, "no existen mecanismos para asegurarnos que el acuerdo no fomentará más contaminación y más conflictos sociales".
También destacó que "no tenemos ninguna seguridad de que la UE haga uso de la cláusula de derechos humanos" que incluye el tratado, y que prevé su cancelación si se detectan infracciones de las libertades fundamentales.
"Éstas y otras muchas dudas justifican ampliar el debate democrático a través de los parlamentos nacionales de los Veintisiete antes de cualquier aplicación" del tratado, indicó Vallies.
Por su parte, la portavoz de la red de ONG europeas Grupo Sur Lourdes Castro consideró "inaceptable" que el Consejo de la UE haya aceptado que el TLC se aplique si el Parlamento Europeo lo aprueba, al considerar que "se ejerce una presión indebida sobre los parlamentos nacionales para que voten en favor del acuerdo".
Según estipulan las normas comunitarias, el TLC entrará en vigor de manera provisional si lo aprueba la Eurocámara, aunque para que puedan aplicarse ciertas disposiciones legales será necesario que lo respalden también los 27 parlamentos nacionales de los Estados miembros.
Castro recordó asimismo las preocupaciones sobre derechos humanos en Colombia y Perú expresadas por la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, que esta semana se mostró a favor de implementar en esos países una hoja de ruta específica para garantizar la salvaguarda de los derechos y leyes laborales y medioambientales.
"Con esta decisión, el Consejo de la UE pone nuevamente en evidencia que prefiere anteponer los negocios a los derechos humanos", concluyeron las asociaciones.
EFE
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